México, D.F. 11 de diciembre de 2002.

Muy Estimado jurado:
	En respuesta al caso práctico formulado por la Licenciada Cristina Urzaiz Lares, presento el siguiente memorandum que contiene mi resolución.

Sr. Fernando Cacho
P R E S E N T E 

	En respuesta a la consulta y planteamientos que se sirvió formularnos sobre las implicaciones jurídicas derivadas del accidente que sufrió la señorita Eugenia Rodríguez el pasado 5 de octubre del año en curso, manifestamos a usted lo siguiente:

	Cabe mencionar que consideramos aplicables a este caso las leyes del Distrito Federal en virtud de la disposición 12 del Código Civil que establece que las leyes para el Distrito Federal se aplicarán a todas las personas que se encuentren en el territorio del mismo, sean nacionales o extranjeros. Asimismo, dicho ordenamiento establece en su artículo 13 Fr. II y IV que el estado y capacidad de las personas se regirá por las leyes aplicables al DF y, la forma de los actos jurídicos se regirá por el lugar del en que se celebren y nosotros suponemos, al no tener disposición al respecto y sí algunas menciones de acontecimiento sucedidos en el DF, que el testamento público otorgado por Eugenia Rodríguez tuvo lugar en el DF.
	En relación a si existe la obligación jurídica del Hospital Querubines de la Ciudad de México y de sus médicos de mantener la vida de Eugenia Rodríguez independientemente de que los señores Eduardo y Gertrudis Rodríguez pudieran, en cualquier momento, retirar su consentimiento para mantenerle las funciones vitales consideramos que tanto el Hospital Querubines de la Ciudad de México como los médicos del mismo tienen la obligación de mantener artificialmente con automatismo respiratorio y cardiaco a Eugenia Rodríguez toda vez que este no es un caso de mera muerte cerebral de una persona, sino un caso de una persona viva.
	Estamos de acuerdo en que la Ley General de Salud (en lo sucesivo LGS) reconoce, en su artículo 345, al o la cónyuge, al concubinario o concubina, a los descendientes, a los ascendientes, a los hermanos o al adoptado o adoptante la facultad de solicitar o autorizar se prescinda de los medios artificiales que evitan que en aquél que presenta muerte cerebral comprobada, situación que según nos comenta se presenta en el caso de Eugenia, se manifiesten los demás signos de muerte previstos por la ley siendo estos la ausencia completa y permanente de conciencia, la ausencia permanente de respiración espontánea, la ausencia de los reflejos del tallo cerebral y el paro cardiaco irreversible. 
Sin embargo, debemos tomar en cuenta que el feto depende de su madre y como bien nos explicó un perito en la materia, un feto de 22 semanas, que sería la edad aproximada que dicho concebido tendría al día de hoy, padece de inmadurez pulmonar, razón por la cual, aun cuando una incubadora se asemeja mucho al vientre materno para proporcionarle al feto las condiciones necesarias para sobrevivir, éste se vería en la necesidad de usar sus pulmones inmaduros y respirar dentro de una incubadora, razón por la cual el índice de mortalidad en estos casos es de un 70%. En cambio, dentro del seno materno, sólo requiere que su madre reciba suero y mantenga un ritmo cardiaco y respiratorio, sin importar si éste se logra de manera espontánea o artificial para que su desarrollo sea perfecto.
Ahora bien, nuestro énfasis en la vida del concebido se debe básicamente en que es una vida humana la que buscamos proteger. Nuestra opinión se funda en varias razones.
La primera es que aun cuando el artículo 22 de nuestro Código Civil (en lo sucesivo CC) señala que la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento, y este bebé aún no ha nacido, el mismo precepto le reconoce dignidad humana al también determinar que un individuo, desde el momento de su concepción, entrará bajo la protección de la ley, teniéndosele por nacido para los efectos de este código en tanto no se cumpla la condición resolutoria de que no nazca vivo y viable, situación que se alcanza cuando se ha desprendido enteramente del seno materno y vive 24 horas o es presentado vivo ante el juez del Registro Civil (art 337 CC). Cabe mencionar en este punto, que aun cuando esta disposición establece que la presunción tendrá lugar para los efectos de ese código, debemos tomar en cuenta que el Derecho es un todo jurídico, y como tal debemos interpretarlo. Asimismo, debemos recordar que la personalidad es única e indivisible, por lo tanto si se reconoce en una ley, ese reconocimiento es válido para todo el ordenamiento jurídico en todas y cada una de sus leyes.
La segunda es que basándonos en nuestro razonamiento anterior, nuestra Constitución prevé en su artículo 14 perteneciente a las Garantías Individuales que “… Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino ante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho…” De esta manera es de nuestra opinión que el feto de Eugenia no puede por ningún motivo ser privado de su vida, por muy pequeña que esta sea hasta el momento.
La tercera es que por las razones antes expuestas creemos que cuando la LGS prevé en su artículo 51 que los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea y a recibir atención médica profesional y éticamente responsable; este derecho también se le reconoce al bebé no nato de Eugenia, ya que se define como atención médica al conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud (art. 32 LGS) y para efectos de esta ley, se considera usuario de servicios de salud a toda persona que requiera y obtenga aquellos servicios que presten los sectores público, social y privado (art. 50 LGS).
La cuarta es que la LGS dispone en su artículo 61 que la atención materno-infantil tiene carácter prioritario comprendiendo la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, la atención del niño y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo y la promoción de la integración y bienestar familiar. Asimismo, se establece que en los servicios de salud se promoverá la organización institucional de comités de prevención de la mortalidad materna e infantil, a efecto de conocer, sistematizar y evaluar el problema y adoptar las medidas conducentes, siendo en este caso el mantener a Eugenia con sus funciones vitales (art. 62 LGS); y que la protección de la salud física y mental de los menores es una responsabilidad que comparten los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad sobre ellos, el Estado y la sociedad en general (art 63 LGS). 
La quinta es que en la Ley de los derechos de las niñas y niños en el Distrito Federal se le reconoce a cualquier niño o niña en el Distrito Federal (entendido éste o ésta como todo ser humano menor de 18 años de edad-art. 3 Fr.XVII) el derecho a la vida, integridad y dignidad y a la salud y alimentación, entre otros, incluyendo el derecho a tener acceso a los servicios médicos necesarios, para la prevención, tratamiento, atención y rehabilitación de discapacidades y enfermedades, obligación que se impone al padre, a la madre, a la familia, a los Órganos Locales de Gobierno del DF y a la sociedad a través de la obligación de garantizarle su sobrevivencia y su desarrollo, así como el acceso a los medios y mecanismos necesarios para ello (art. 5 incisos A) y C)).
Por otro lado, en cuanto al asunto relativo a los gastos originados para mantenerle a Eugenia sus funciones vitales hasta que nazca su hijo no nato, es de nuestra opinión que los mismos se considerarán como alimentos debidos a ese hijo. Cabe diferenciar los gastos mortuorios de los gastos originados por el mantenimiento vital de Eugenia.
En principio, hablamos de gastos mortuorios en virtud de que a Eugenia, al declarársele muerte cerebral (entendiendo por muerte cerebral la pérdida permanente e irreversible de conciencia y de respuesta a estímulos sensoriales, la ausencia de automatismo respiratorio y la evidencia de daño irreversible del tallo cerebral, manifestado por arreflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares y ausencia de respuesta a estímulos nociceptivos, sin que sean consecuencia de intoxicación aguda por narcóticos, sedantes, barbitúricos o sustancias neurotrópicas –art.344), después de habérsele practicado las pruebas conducentes para llegar a esa conclusión (a saber una angiografía cerebral bilateral que demuestra la ausencia de circulación cerebral o un electroencefalograma que demuestre ausencia total de actividad eléctrica cerebral en dos ocasiones diferentes con espacio de cinco horas- art. 344 LGS) se le considera legalmente muerta en virtud de lo establecido por el artículo 343 de la LGS.
Estos gastos mortuorios, que incluyen los gastos del funeral y las que se hayan causado en la última enfermedad del autor de la herencia, se pagarán del cuerpo de la herencia. (Arts. 1755 y 1756 CC).
Ahora bien, los gastos que nos interesan en cuanto al mantenimiento del feto los consideramos como alimentos en virtud de que el CC dispone en su artículo 308 que los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo. Ahora bien, como alimentos, esos gastos deben ser cubiertos por los padres y a falta o por imposibilidad de estos, la obligación recaerá en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieren más próximos en grado; y a falta o por imposibilidad de los ascendientes, la obligación recaerá en los hermanos de padre y madre o en los que fueran solamente de padre o de madre (arts. 303 y 305) y si fueren varios los que deben dar los alimentos y todos tuvieren posibilidad para hacerlo, el juez repartirá el importe entre ellos, en proporción a sus haberes.
De esta manera, al considerar a los gastos de manutención como alimentos, la forma en la que opinamos estos se pagarán es la siguiente: Suponiendo que no exista impugnación de la paternidad de su parte, usted y Eugenia tendrán la obligación de pagar los gastos mencionados, siendo que en el caso de Eugenia se obtendrán del cuerpo de la herencia, ya que se establece que el testador debe dejar alimentos a los descendientes menores de 18 años respecto de los cuales tenga obligación legal de proporcionar alimentos al momento de la muerte (art. 1368 CC), razón por la cual un testamento será declarado inoficioso si no se establece una pensión alimenticia (art.1374 CC). En este caso la herencia completa, con excepción de los $100,000 legados a la hija mayor de edad de Eugenia llamada Marisela Curiel Rodríguez, pertenece, sujeto a la condición resolutoria de que no nazca vivo ni viable, al concebido que es justo el acreedor alimentario de Eugenia. Asimismo, recordando a los deudores alimenticios, vemos que también lo son, a falta o imposibilidad de padre o madre, los ascendientes por ambas líneas en grado más próximo, supuesto que abarca a los Sres. Eduardo y Gertrudis Rodríguez; y de igual manera, se coloca en el supuesto de deudor alimenticio a los hermanos, aunque sólo fueren de padre o madre para el caso de falta o imposibilidad de los ascendientes, caso de Marisela Curiel Rodríguez. Por estas razones, y aplicando la disposición relativa a la existencia de varios deudores alimenticios mencionada, consideramos que la cuenta del hospital puede ser pagada por los sujetos antes mencionados en la proporción que les corresponda. De esta forma, el Hospital Querubines de la Ciudad de México, no podrá oponer ninguna excusa para no prestarle los servicios que el feto requiera para sobrevivir.
De igual manera, se establece en el artículo 44 de la LGS que los establecimientos particulares para el internamiento de enfermos, prestarán sus servicios en forma gratuita a personas de escasos recursos, situación que podría llegar a ser para la familia Cacho Rodríguez. 
Asimismo, en el caso en el no se logren cubrir los gastos mencionados, siempre podrá transferirse a un hospital público, el cual presta servicios de salud a los habitantes del país que así lo requieran, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad fundados siempre en las condiciones socioeconómicas de los usuarios y en cuyo caso las cuotas de recuperación que se recauden por la prestación de servicios de salud, se fijarán tomando en cuenta el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas del usuario.
Todo esto, sin olvidar las repercusiones penales que el hecho de no prestar los servicios médicos necesarios y por lo tanto causar un daño irreparable, en este caso la muerte del feto, trae consigo.
Por último, fundamos nuestra opinión sobre este particular en dos principios generales del derecho que a grandes rasgos establecen que el bien menor, en este caso el patrimonio de la familia, debe ceder a favor del bien mayor: la vida de un ser humano; y aquél que menciona que cuando haya conflicto de derechos, a falta de ley expresa, la controversia se decidirá a favor del que trata de evitarse perjuicios, en este caso evitar la muerte de un ser humano, y no a favor del que pretenda obtener lucro, en este caso obtener los bienes de la herencia completos y tan es vida la que se estaría afectando, que una tesis aislada de los Tribunales Colegiados de Circuito de la Octava Época relativa al aborto menciona que los “…bienes jurídicamente protegidos por la norma [relativa al aborto] son: la vida del ser en formación, el derecho a la maternidad de la mujer, el derecho del padre a la descendencia y el interés demográfico de la colectividad.”

Por otro lado, en cuanto a las consecuencias jurídicas que el cumplimiento o incumplimiento de dicha obligación pudiera traer aparejadas se encuentran las siguientes:
Del cumplimiento de la obligación de mantener con funciones vitales a Eugenia hasta que nazca su hijo se deriva la consecuencia jurídica de que el bebé pueda llegar a nacer vivo y viable, entendiéndose por nacimiento lo mencionado anteriormente de que se separe completamente del seno materno y sea presentado al Registro Civil o viva 24 horas; y por lo tanto, tener personalidad jurídica y de esta forma pueda heredar. Asimismo, nacería el derecho y la obligación para usted de ejercer la patria potestad sobre la persona y los bienes del bebé y por lo tanto de la herencia de Eugenia; y también nacería para usted el derecho sucesorio y de alimentos entre usted y el bebé, aclarando nuevamente, que en estos derechos y obligaciones que recaerían sobre usted, sólo tendrían lugar si no impugnara la paternidad.  
Por otra parte, del incumplimiento de la obligación mencionada, se derivan consecuencias penales para los médicos, el hospital y la familia y civiles. En cuanto a las penales, la LGS ésta dispone que al profesional, técnico o auxiliar de la atención médica que sin causa justificada se niegue a prestar asistencia a una persona, en caso de notoria urgencia, poniendo en peligro su vida, se le impondrá de seis meses a cinco año de prisión y multa de cinco a ciento veinticinco días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate (en lo sucesivo SM) y suspensión para ejercer la profesión hasta por dos años. Asimismo, continúa señalando que si se produjere daño por la falta de intervención, podrá imponerse, además, suspensión definitiva para el ejercicio profesional. De igual manera, establece en su artículo 472 que a las personas morales involucradas en la comisión de cualquiera de los delitos previstos en la misma ley, en este caso el Hospital Querubines de la Ciudad de México, se les aplicará a juicio de la autoridad lo dispuesto en materia de suspensión o disolución en el Código Penal.
Ahora bien, dentro del Código Penal (en lo sucesivo CP), se prevé el delito de aborto. En este caso, al que hiciere abortar a una mujer, entendiéndose por aborto la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo (art. 144 CP), faltando el consentimiento de la misma, se le impondrán de tres a seis años de prisión, y si el aborto lo causare un médico cirujano, como sería este el caso, además de las sanciones mencionadas, se le suspenderá por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta en el ejercicio de su profesión u oficio. (Arts. 145 y 146 CP) Además, cabe mencionar que no se presenta en este caso ninguna de las causales de exclusión de sanción, ya que el embarazo no es resultado de una violación o de una inseminación artificial falta de consentimiento de la mujer, ni se encuentra la mujer en peligro de afectación grave a su salud, puesto que ya está declarada muerta legalmente; ni existe razón suficiente para diagnosticar, hasta donde sabemos, que el producto presenta alteraciones gen éticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales, al límite que puedan poner en riesgo la sobrevivencia del mismo y siempre que se tenga el consentimiento de la madre, que en este caso claramente nunca se obtendrá; ni sería resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada. Para apoyar esta opinión citamos una tesis aislada de los Tribunales Colegiados de Circuito de la Octava Época en la que se dice que “…Para la integración del delito no importa cuál haya sido el vehículo de la muerte del producto de la preñez y para el objeto de la tutela penal no interesan las maniobras de expulsión o extracción del huevo, embrión o feto, ya que la consecuencia de muerte, es el fenómeno importante.”
Por otro lado, en cuanto a las consecuencias penales que podrían recaer sobre los familiares del concebido podemos mencionar el delito de abandono de personas cuyo tipo señala: al que abandone a cualquier persona respecto de quien tenga la obligación de suministrar alimentos, sin recursos para atender a sus necesidades de subsistencia, aun cuando cuente con el apoyo de familiares o terceros, se le impondrá de tres meses a tres años de prisión o de noventa a trescientos sesenta días de multa; privación de los derechos de familia y pago, como reparación del daño, de las cantidades no suministradas oportunamente. (Art. 193 CP)
Ahora bien, las consecuencias civiles resultado del incumplimiento sería el cumplimiento de la condición resolutoria a que se sujetaba la personalidad del concebido de que no naciera vivo y viable y, por lo tanto, la institución de heredero del testamento otorgado por Eugenia no surtirá efectos provocando la apertura de la sucesión legítima para la herencia que se había instituido a favor del concebido. Asimismo, usted no será considerado concubino de Eugenia, a menos que demuestre haber vivido con ella dos años anteriores a la apertura de la sucesión (art 291-bis CC) pues su hijo nunca habrá nacido.

En lo relativo a su tercera interrogante sobre si su hijo tendría capacidad para heredar a Eugenia y cuáles serían sus derechos le contestaríamos empezando con lo antes mencionado en cuanto a la capacidad jurídica de las personas físicas, la cual se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte, sin embargo para los efectos declarados en el código, desde el momento en que un individuo es concebido, entrará bajo la protección de la ley (art. 22 CC) y en especial, dentro de las disposiciones relativas a las sucesiones se establece, primero, que todos los habitantes del DF de cualquier edad que sean tienen capacidad para heredar, y no pueden ser privados de ella de un modo absoluto, sin perjuicio de que se pueda perder por falta de personalidad, delito, presunción de influencia contraria a la libertad del testador, pena de reciprocidad internacional, utilidad pública o renuncia o remoción de algún cargo conferido en el testamento; segundo son incapaces de adquirir por testamento o por intestado, a causa  de falta de personalidad, que es lo que nos interesa, los que no estén concebidos al tiempo de la muerte del autor de la herencia, o los concebidos cuando no sean viables (arts. 1313 y 1314 CC), por estas tres razones consideramos que su hijo puede heredar a Eugenia.
Ahora bien, es preciso tener en cuenta que además de la capacidad para heredar se deben considerar otros puntos relevantes para que su hijo pueda heredar.
Primero, el testamento que otorgó Eugenia debe ser válido. Al ser un testamento público abierto debe haberse otorgado ante notario y Eugenia debió expresar de modo claro y terminante su voluntad al notario, quien por su parte debió redactar por escrito las cláusulas del testamento sujetándose estrictamente a la voluntad del testador, posteriormente debió leer en voz alta las disposiciones del testamento para que Eugenia tuviera la oportunidad de manifestar su conformidad, en cuyo caso debieron firmar Eugenia como testadora, el notario, en su caso los testigos y el intérprete debiendo haber asentado el lugar, año, mes, día y hora en que se otorgó. Si todo se realizó de la manera descrita, el testamento es válido. 
Siguiendo en la validez del testamento, recordando lo relativo a los alimentos, mencionamos que el testador tiene la obligación de dejar alimentos I. a los descendientes menores de 18 años respecto de los cuales tenga obligación legal de proporcionar alimentos al momento de la muerte, II. a los descendientes que estén imposibilitados para trabajar, cualquiera que sea su edad, cuando existe la obligación de proporcionar alimentos, IV. a los ascendientes y V. a la persona con quien el testador vivió como si fuera su cónyuge durante los 5 años que precedieron inmediatamente a su muerte o con quien tuvo hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres del matrimonio durante el concubinato y que el superviviente esté impedido de trabajar y no tenga bienes suficientes; entre otros supuestos (art. 1368). Sin embargo se prevé también que no hay obligación de dar alimentos a las personas que tengan bienes, siempre y cuando los bienes igualen a la pensión que debería corresponderles, ya que en caso contrario la obligación se reducirá a lo que falte para completarla (art. 1370 CC). Ahora bien, como ya establecimos un testamento es inoficioso cuando no se deja la pensión alimenticia, sin embargo el preterido tendrá solamente el derecho a que se le dé la pensión que corresponda, subsistiendo el testamento en todo lo que no perjudique ese derecho (art. 1374 y 1375 CC). Así puestas las cosas, empezaremos por analizar el caso de la hija Marisela. En principio ya es mayor de edad, razón por la cual no se adecua al supuesto de la fr. I del 1368, esto lo sostenemos aun cuando en las disposiciones relativas a alimentos no se limita a ninguna edad, en virtud de la aplicación del principio que reza que ley especial deroga a la general y en este caso, la disposición contenida en el capítulo de sucesiones la excluye, además nos apoyamos en la jurisprudencia encontrada del Segundo tribunal Colegiado en materia Civil del Séptimo Circuito Novena Época que concluye que de la ratio legis de la legislación de Veracruz se deriva que los hijos mayores de edad se encuentran obligados a demostrar la necesidad de recibir alimentos. Ahora bien, si Marisela se encuentra imposibilitada para trabajar, deberá probar esta situación para que se le considere con derechos alimenticios, además, en el caso en el que se adecue a esta segunda hipótesis, debemos recordar que su madre le legó $100,000, lo cual constituiría bienes para efectos del artículo 1370 ya mencionado, sin embargo si esto no cubre la pensión alimenticia correspondiente, ésta se deberá complementar con los bienes de la herencia  sin que el testamento se vea afectado por esta circunstancia (arts.1370 y 1375 CC).
Por otro lado, en cuanto a los padres, estos se colocan en los mismos supuestos de excepción que Marisela, ya que si han venido haciéndose cargo de Marisela por 18 años, uno supondría que tienen bienes, además se tienen entre ellos para satisfacer esa deuda alimenticia razón por la cual creemos aplicable el artículo 1369 que menciona que no hay obligación de dar alimentos, sino a falta o por imposibilidad de los parientes más próximos en grado, que si bien, sabemos que los cónyuges no son parientes entre sí, la primera disposición sobre sujetos de la obligación alimenticia se refiere a los cónyuges. Asimismo, encontramos una tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Séptimo Circuito relativa a la legislación de Veracruz que establece que como la presunción de necesidad de alimentos sólo se instituye a favor de los hijos o del cónyuge, le corresponde al ascendiente demostrar su necesidad de recibir alimentos.
En cuanto al concubino, no sabemos cuánto tiempo vivió usted con Eugenia, si es que vivió, y la condición del hijo se encuentra sujeta a la condición resolutoria ya mencionada, sin embargo, suponiendo que su hijo nazca vivo y viable y se le considere concubino usted sólo tendrá derecho a alimentos si está impedido de trabajar y no tiene bienes suficientes, en cuyo caso el testamento seguirá siendo válido en lo que no afecte su derecho (art. 1375)
De esta manera, si ninguno de los antes señalados es acreedor alimenticio, el testamento seguirá siendo válido en todas sus cláusulas.
Ahora bien, usted me menciona que en el testamento no hay nombramiento de herederos sustitutos, sin embargo esta situación no afecta de manera alguna la validez del testamento, ya que la disposición concreta establece el nombramiento de herederos sustitutos como una facultad del testador (art. 1472).
Por otro lado, debemos recordar que los gastos originados por la manutención de las funciones vitales de Eugenia para el nacimiento de su hijo podrían ser obtenidas de la herencia, razón por la cual su caudal hereditario podría verse disminuido.
Por lo anteriormente expuesto, su hijo no nato tiene derecho a heredar de manera única y universal, los bienes de Eugenia, sin perjuicio de las salvedades antes expuestas y será considerado, para este efecto, un hijo póstumo.
Asimismo, como ya esbozamos anteriormente, tendrá derecho a que usted ejerza la patria potestad sobre su persona y sobre sus bienes, en este caso la herencia, tendría derecho a que usted le proporcione alimentos, así como sus abuelos o hermana en el caso en el que usted faltara o estuviere imposibilitado para cumplir con esa obligación; y el derecho a sucederlo legítimamente. (Arts. 303, 425 y 1602 CC). De igual manera adquiere el derecho a la vida, integridad y dignidad, a la no discriminación, a una vida libre de violencia, a ser respetado en su persona, integridad física, psicoemocional y sexual, a ser protegidos contra toda forma de explotación, a recibir protección de su parte, a recibir información respecto de las cuestiones de seguridad pública y de protección civil; el derecho a la identidad, a ser registrados después de su nacimiento con un nombre y apellidos propios, a solicitar y recibir información sobre su origen, a vivir y crecer en el seno de una familia, a emitir su opinión en todos los asuntos que le afecten, el derecho a la salud y alimentación teniendo acceso a los satisfactores necesarios y a los servicios médicos necesarios, a la educación, recreación, información y participación y a la asistencia social. (art. 5 Ley de los Derechos de las niñas y niños en el DF)

Por último, en lo que respecta a su cuarta interrogante relativa a sus obligaciones como padre, como padre del heredero y como albacea empezaremos por confirmar que al ser el testamento válido, surten sus efectos todas las disposiciones en él contenidas, dentro de las cuales se encuentra que usted es nombrado albacea y que si su hijo nace vivo y viable será también padre del heredero.
Primero iniciemos con sus obligaciones como padre. Retomando lo ya dicho, usted tendrá la obligación de otorgarle alimentos, que como ya mencionamos incluyen la comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso , los gastos de embarazo y parto; respecto de los menores, como es su caso, además los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales y, en un caso dado, si su hijo sufre de alguna discapacidad, el concepto de alimentos también incluirá lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo (308 CC). 
Otra obligación como padre es ejercer la patria potestad sobre la persona y los bienes de su hijo mientras éste se encuentre en la minoría de edad, lo cual le impone la obligación de educarlo convenientemente y la facultad de corregirlo sin que esto implique infligirle actos de fuerza que atenten contra su integridad física o psíquica, así como la obligación de observar una conducta que sirva a éstos de buen ejemplo (arts. 412, 413, 422 y 423). También, en virtud de la patria potestad será usted quien represente a su hijo en juicio y quien será su legítimo representante; además tendrá derecho al usufructo de los bienes adquiridos por su hijo por cualquier título distinto de su trabajo (arts. 425, 428 y 429). También tiene usted todas las obligaciones que la Ley de los Derechos de las niñas y niños en el DF le impone y que mencionamos anteriormente, pero que a grandes rasgos son garantizarle a su hijo la vida, integridad y dignidad, la identidad, incluyendo en este caso la obligación de registrarlo dentro de los 6 meses siguientes a su nacimiento (art. 55 CC) y familia, la salud y alimentación y la educación, recreación, formación y participación.
Segundo, en cuanto a sus obligaciones como padre del heredero tiene usted la representación legítima del menor, razón por la cual será usted quien pueda impugnar el testamento si no acepta el cargo de albacea, será usted quien acepte la herencia y quien reciba y administre los bienes de la misma; asimismo será usted quien en el caso en el que se inicie un procedimiento contencioso con relación a esos bienes represente al menor en el mismo. (arts. 425 y 427 CC)
Y tercero, usted como albacea legalmente constituido, puesto que se coloca en ninguno de los supuestos de excepción, al aceptar el cargo adquiere la obligación de desempeñarlo. Asimismo, no puede usted delegar el cargo, sin embargo no está obligado a obrar personalmente. En cuanto al desempeño del cargo, suponiendo que es usted un albacea general, usted adquiere la obligación de presentar el testamento, de asegurar los bienes de la herencia, de formar inventarios, de administrar los bienes de la herencia y rendir las cuentas del albaceazgo, de pagar las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias, de llevar a cabo la partición y adjudicación de los bienes entre los herederos y los legatarios, en este caso entre Marisela y su hijo concebido, la de defender en juicio y fuera de él de la herencia y de la validez del testamento, la de representar  a la sucesión en todos sus juicios que hubieren de promoverse en su nombre o contra ella en los tiempos determinados por las leyes respectivas. Asimismo, tiene usted la obligación de garantizar el manejo. Por otro lado, no puede usted enajenar ni gravar los bienes del  caudal sin autorización de los herederos o del juez.  Y también le está prohibido transigir o comprometer en árbitros o arrendar un bien del caudal por más de un año y tampoco puede adquirir los bienes hereditarios de conformidad con las distintas disposiciones tanto del CC como del Código de Procedimientos Civiles para el DF en relación al seguimiento del juicio sucesorio. Cabe mencionar que no describimos todas las actuaciones que usted tendría dentro de este procedimiento, en virtud de que no consideramos que su interrogante se funde o concentre en ello, sino más bien creemos que su pregunta iba dirigida a las obligaciones en general.

Sin más por el momento, esperamos que nuestras opiniones y comentarios sean de su utilidad y nos ponemos a sus órdenes para futurassituaciones.